¿LA MEGAMINERÍA EN EL ECUADOR…A SANGRE Y MEDIOS?
Los cerebros grises de la propaganda, publicidad y marketing, que construyeron a Alianza País y a Rafael Correa como productos vendibles para un electorado tradicionalmente vulnerable a la desmemoria y la ingenuidad política, están convencidos de que la minería a gran escala y a cielo abierto que se quiere (y requiere el capital transnacional) imponer en el Ecuador es igualmente vendible si es que se hace, ahora desde el gobierno y con los recursos del Estado, una adecuada campaña propagandística sobre las “bondades”, falsas expectativas y promesas de prosperidad, abundancia y riqueza que nos reportaría la megaminería.
A pesar de que las teorías de audiencias han evolucionado desde la medición de los efectos psicológicos, la recepción crítica, la recepción activa, las mediaciones sociales hasta el simbolismo interaccionista, tratando de explicar lo “que hacen los medios a la audiencia y qué hace la audiencia con los medios”, los marketineros y propagandistas del gobierno creen que la persuasión, el convencimiento de la opinión pública, la construcción del consenso social y la desmemoria deben ser construidos por los medios.
¿Será por ello que han operado minuciosamente una concentración, centralización y hegemonía mediática? Ensayemos una aproximación a este fenómeno, a instancias de la movilización social que se ha iniciado el 8 de marzo para cuestionar la profundización del modelo neoliberal y capitalista megaminero en el Ecuador.
Ya no es novedad y sabemos que los medios estatales de prensa, radio, televisión y otros están controlados por el gobierno, esos medios que se auto reconocen como públicos y crecen en número a partir de aquellos concesionados a instituciones como la Asamblea Nacional, algunas alcaldías y prefecturas, y otras instituciones afectas al partido de gobierno. Reproducen la línea editorial impuesta desde la Secretaría Nacional de Comunicación. Esos medios constituyen las piezas claves de la guerra propagandística e informativa que ha comenzado por dosificar, minimizar y tergiversar los alcances de la protesta y la movilización social en contra de la megaminería. La información de dichos medios es tendenciosa, otorga visibilidad negativa a las acciones de los movimientos populares e indígenas. La televisión pública, por ejemplo, imita lo peor de la televisión comercial y ha caído en prácticas manipuladoras sobre la supuesta exigencia de multas para la militancia indígena en caso de no participar en las marchas. Menudean las típicas y torpes entrevistas sobre la gente que no sabe porqué está en las marchas.
El gobierno controla además los medios incautados, que comprende varias estaciones de radio (Universal, Carrousell, Super K, entre otras) y tienen una fuerte presencia en la TV. nacional (Gama TV, Telecentro, Cable Noticias), cuyas líneas editoriales también han sido incautadas.
Esos medios como los propios del gobierno como la Agencia Andes, El Ciudadano Tv y el periódico PP siguen las directrices de la Secretaría Nacional de Comunicación, organismo que dirige la agresiva y racista campaña propagandística del régimen en contra de los indígenas y opositores de la megaminería. El colonialismo y la xenofobia quedaron en evidencia con la nota en contra del Prefecto Salvador Quishpe titulada: “Quishpe recibe una botellita para marchar” (1), que apareció en el diario electrónico de gobierno, El Ciudadano.(2)
La saga propagandística, con la utilización de dineros públicos, es notable con los spots de televisión que se difunden intensamente así como con las cuñas radiales, que incluso, se difunden en idiomas de las nacionalidades indígenas.
El cerco mediático no se cierra con las cadenas sabatinas del presidente (la última costosa y desde el extranjero) y las innumerables cadenas nacionales para despotricar en contra de los indios, se complementa con estrategias regionales como la de Telesur (“la CNN de los pobres”), que se ve en Quito a través del canal 48 en UHF, en cuyas noticias hasta la fecha no se ha visto ni una sola nota seria respecto a “la marcha por el agua, la vida y la dignidad”.
Las empresas mediáticas del viejo poder político y económico barajan qué hacer y cómo aprovecharse de la coyuntura, ya que más bien tienen un interés oculto y coincidente con el gobierno en torno a la megaminería. A esos medios nunca les ha importado la lucha social ni sus agendas políticas, por ello no debemos esperar que aporten nada para un cuestionamiento de fondo sobre la minería a cielo abierto.
Por su importancia hay que notar que ninguna radio de Quito (ciudad a la que debe llegar la marcha el 22 de marzo) está dándole cobertura al suceso, por lo tanto no hay transmisiones de ningún tipo y menos todavía en vivo, lo que le resta cierta vigencia a la movilización social.
La desmovilización social, organizativa y mediática viene desde hace bastante tiempo atrás. Las escasas radios populares de Quito, que tradicionalmente acompañaron y se destacaron informando sobre el vigoroso movimiento social de los años 90, que participaron en los levantamientos que echaron a pasados gobiernos corruptos, han ido cayendo una a una. Años atrás la fatiga por el financiamiento y el cambio de dueños vencieron a la recordada radio Éxito, la cooptación política y actos irregulares en la administración destruyeron a radio la Luna, a instancias del gobierno actual. Las débiles radios Irfeyal, HCM-1 y Casa de la Cultura, filiales de la Corape han enmudecido del todo. Desapareció radio el Sol y no se sabe si todavía opera radio Quitumbe. Radio Tarqui morigeró su línea editorial por los condicionamientos de la publicidad privada y la propaganda oficial. La joven radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, cuya frecuencia se tardaron más de 16 años en concesionarla…ni suena ni truena.
Para que la desmemoria no sea total hay que recordar que en los debates iniciales de la Ley de Comunicación la subrepticia intervención del gobierno dejó desmovilizadas y divididas a las organizaciones de comunicación. Si no entonces ¿Cómo se explica el enmudecimiento de las radios populares agrupadas en la Coordinadora de Radios Educativas y Populares del Ecuador (Corape) frente a la marcha? ¿Por qué esta vez no la transmiten ni la acompañan como lo hacían antes? ¿Proyectos y financiamientos oficiales han condicionado a la red latinoamericana de radios (Aler)? ¿Alguna radio se atreverá a romper el cerco? Entre tanto la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Oclacc) y la Agencia Latinoamericana de información (Alai) guardan distancias con el resto de organizaciones de comunicación y la marcha del movimiento indígena, ¿acaso porque son -sin admitirlo- más afines con el gobierno?
Y cerrando la pinza ¿Cómo va la democratización del espectro radioeléctrico y la democratización de la comunicación que se inició con la entrega de las 14 radios de las nacionalidades y pueblos indígenas, que se encuentran en señales de prueba? Se sabe que estas estaciones de radio no cuentan con frecuencias definitivas ni equipos transmisores ni torres repetidoras, es decir no disponen de legitimidad legal ni tienen alcance suficiente para llagar a las comunidades de sus nacionalidades ni a los centros urbanos que podrían ayudar en sus procesos de relacionamiento intercultural (con el mundo mestizo) y financiamiento, por tanto siguen siendo asfixiadas económicamente. Los comunicadores y comunicadoras de estas radios, algunos de los cuales han sido llamados a trabajar en la radio pública o son incorporados a instituciones de gobierno, no tienen representación en ningún organismo de decisión (por ejemplo en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, cuyos informes serán vinculantes para crear y concesionar la operación de nuevos “medios comunitarios”(3) sobre este nuevo tipo de medios (de las nacionalidades y pueblos indígenas), que solicitan una re-conceptualización de “lo comunitario”, para entenderlos como medios en igualdad de condiciones y oportunidades con relación a los medios privados y públicos (4), tal y como manda la Constitución del Ecuador.
En coyuntura se conoce que se condicionó a la radio Wahorani y a tres radios de otras nacionalidades, ubicadas en la ciudad del Puyo, por haber intentado apoyar y transmitir las acciones locales de respaldo a la marcha anti-minera que se desarrolla desde el 8 de marzo. Dicha condición, que puede interpretarse de cualquier manera, recuerda la censura y clausura temporal de la radio La Voz de Arutam de la nacionalidad Shuar, que bajo el argumento de la “Seguridad Nacional” se acusó a sus directivos y comunicadores de llamar y convocar a comunidades y pobladores de la provincia de Morona Santiago a sumarse a las protestas en contra de la Ley de aguas en septiembre del 2009.
Si esos medios acumulados por el gobierno han criminalizado la protesta social, demonizan y desprestigian a dirigentes populares e indígenas, distorsionan los propósitos de la lucha y se aprestan, sin debatir ni escuchar, a justificar contramarchas y enfrentamientos entre ecuatorianos y convocan a salir en contra de la marcha por el agua, la vida y la dignidad, es posible que podamos hacer la siguiente pregunta: ¿la megaminería en el Ecuador se aplicará…a sangre y medios?
(1) Información que puede verse en: https://www.elcomercio.com/mundo/Ciudadano-indigenas-manipula-alcohol-marcha-protesta-Ecuador_0_663533694.html y en https://www.elcomercio.com/politica/Criticas-Ciudadano-nota-racista-protesta_0_663533775.html
(2) Información que puede verse en https://www.elciudadano.gov.ec/
(3) Según el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, Capítulo II Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Sección I, Art. 47 Atribuciones, numeral 8.
(4) Según el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, Sección II Derechos de igualdad e interculturalidad, Art. 32.-Derecho a la creación de medios de comunicación social y Art. 33.- Derecho al acceso a frecuencias.
08/03/2012