EL INVOLUCRAMIENTO DEL ECUADOR Y LA NOSTALGIA POR LA PAZ

“Iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y todos los principios del humanismo y la solidaridad”, (…) “no podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas, vamos a darles la lucha y en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos lo han escogido y los vamos a derrotar…y los vamos a derrotar”.[1]

Son parte de las expresiones textuales del Presidente Lenin Moreno, dichas casi a media noche del jueves 12 de abril de 2018 en Quito a su retorno desde Lima, luego de abandonar la VIII Cumbre de las Américas, dada la divulgación de fotos en las redes sociales, que a esa hora, confirmaban (no oficialmente) el desenlace fatal del secuestro de los comunicadores del diario El Comercio (Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra) ocurrida el 26 de marzo de 2018, por un presunto alias “Guacho”, jefe de la columna Oliver Sinisterra disidente de las FARC.

Más allá del dolor y la indignación que seguimos sintiendo por el cruel desenlace de los comunicadores y la impotencia de no saber si se hizo lo suficiente para traerlos con vida, así como lamentar la muerte de cuatro marinos ecuatorianos y el nuevo secuestro de una pareja de jóvenes, es momento de analizar el alcance y las implicaciones no sólo del precipitado anuncio presidencial, sino del nefasto giro asumido por el gobierno de Lenin Moreno en materia de política exterior, que nos implican subordinadamente, como país, en el viejo y sangriento conflicto colombiano de su guerra civil interna, en sus políticas de seguridad internas de Colombia y, peor aún, nos involucran en la geoestrategia y geopolítica de los Estados Unidos de América (EUA).

Se trata de una agresiva penetración de las dinámicas de seguridad de los EUA en el complejo regional de seguridad del norte de los Andes (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú), originalmente como políticas de interdicción del narcotráfico en zonas de producción[2] y su vinculación posterior con la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) y la “guerra global contra el terrorismo”, que desde 2002 se aplica como parte de los  procesos de securitización que hallaron justificación en los ataques del 11/S.[3]      

Las políticas de seguridad antes de 1998 en el norte de los Andes habían sido básicamente político-militares y territoriales e inspiradas en los conflictos limítrofes con los que nacieron dichos Estados. La desconfianza y la percepción mutua de inseguridad era la norma. Recordemos las guerras entre Ecuador y Perú de 1941-1942, la de Paquisha de 1981 y la del Cenepa de 1995. Ecuador, por la asimetría de poder con los Estados más grandes de la región, siempre llevó la peor parte con la disminución de su territorio en repetidas ocasiones frente a sus vecinos.[4]         

Desde 1997, tras el conflicto del Cenepa (1995), los EUA, como garante del Protocolo de Rio de Janeiro, presionó a los otros garantes para dar un fallo definitivo al diferendo limítrofe entre Ecuador y Perú. El fallo llegó el 26 de octubre de 1998 con el acuerdo de paz de Itamaraty-Brasilia, que fue aceptado por Quito y Lima, poniendo fin al viejo conflicto limítrofe. Siete meses después de la firma de paz, el primero de abril de 1999, los EUA concretaban el acuerdo con el gobierno de Jamil Mahuad para la instalación de la base de Manta. En estos hechos se basan los argumentos de que EUA tenía interés en solucionar el conflicto limítrofe para desconcentrar a las fuerzas armadas de los dos países en la frontera común y enviarlos a sus respectivas fronteras en el norte de Colombia para apoyar la estrategia conjunta diseñada por Washington y Bogotá, que ese mismo año (1999) había lanzado el Plan Colombia.[5]

En el Plan Colombia y en el Plan Patriota que Álvaro Uribe lanzó en contra de la guerrilla en 2004 estaba la estrategia del “yunque y martillo”[6] que consistió en la más grande de las ofensivas del ejército colombiano (el martillo) en contra de las guerrillas para recuperar el sur de Colombia y obligarlos a desplazarse hacia las fronteras de Ecuador y Perú donde sus ejércitos (el yunque) impidieran la incursión insurgente en sus territorios, obligándolos a pelear en dos frentes. La estrategia contó con el apoyo del ex Presidente Lucio Gutiérrez (quien expresó su deseo de convertirse en el “mejor amigo y aliado de los Estados Unidos”)[7] quien ordenó el inmediato traslado de tropas, vituallas e infraestructura de la frontera sur con el Perú hacia la frontera norte con Colombia. Al parecer la estrategia, de convertir al Ecuador en yunque falló, tras el derrocamiento de Gutiérrez el 20 de abril de 2005.[8]

Con la reactivación de una nueva “guerra fría” entre los EUA y sus adversarios Rusia y China, en un contexto de lucha bipolar capitalista global, la gran potencia del norte reimpulsa las recomendaciones del Comité de Santa Fe y mantiene vigentes los mecanismos de “defensa hemisférica” identificando como un  peligro para su seguridad nacional a los que considera los “capitanes de las drogas” en América del Sur: las FARC y el ELN de Colombia, así como las amenazas de la “Guerra asimétrica” mencionadas por China y el desaparecido líder bolivariano, Hugo Chávez.      

Mientras EUA no dispone de una política definida para erradicar el consumo de cocaína y heroína adentro de sus fronteras, que deja a sus bancos y socios el 80% de los millones y millones de dólares que provee “el negocio”, mientras destruye la vida de varias decenas de millones de norteamericanos, prefiere combatir al narcotráfico en sus zonas de producción con nula efectividad. De igual manera esa política hace converger inseparablemente la lucha antinarcóticos con la lucha antiguerrillera al punto de cuestionar las declaraciones del ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, que dijo al diario argentino El Clarín que: “Las FARC siempre dijeron que están interesadas en erradicar las plantaciones ilegales”, apoyando afirmaciones de que “no hay pruebas de que las FARC sean narcotraficantes”, así como también las afirmaciones del Zar norteamericano de las Drogas, Barry McCaffrey en el sentido de que sólo “dos tercios (de los terroristas) se benefician financieramente de esta asociación”. Es decir, negándose a reconocerles a los actores armados de la guerra civil colombiana agenda social y política alguna. En la línea de tales antecedentes y del reconocimiento de una fuerza política beligerante se entiende que el actual presidente de Colombia negocia un proceso de desmovilización y de paz con las FARC y el ELN, que al parecer resultará inviable con el ascenso al gobierno, el próximo 27 de mayo, del uribista Iván Duque.[9]

Es este contexto aumentan las disidencias con el proceso de paz colombiano. De los 12 mil guerrilleros desmovilizados que aguardan en zonas rurales garantías para su reinserción 1.500 ya han vuelto a tomar las armas. La situación se agrava con la detención y posible extradición a los EUA de Jesús Santrich, ex guerrillero de las FARC acusado de narcotráfico, y quien se aprestaba a representar al partido político de la agrupación en el Congreso colombiano.[10] Igualmente, el gobierno del Ecuador ha cancelado, este 18 de abril, su participación como garante del diálogo que mantenía el ELN con el gobierno de Colombia en la ciudad de Quito.[11]     

Está claro que el error de este giro de conversión subordinada y sometimiento del Ecuador a la política de seguridad interna de Colombia y la “seguridad nacional” de los EUA, se concretó con la firma de los compromisos entre Ecuador y Colombia, el 16 de febrero de 2018, en el VI Gabinete binacional realizado en la ciudad colombiana de Pereira.[12] Entre tanto, las amenazas del narcotráfico y la subversión que se conciben como inseparables, con el ideologizado neologismo de: “narcoterrorismo”, que los medios de comunicación ayudan a interiorizar como parte de una vasta operación sicológica de opinión pública y de legitimación mediática, justifican en toda su extensión la guerra y la implicación del Ecuador en el conflicto.  

La firma de esos acuerdos de involucramiento tenían como antecedente el bombazo en San Lorenzo-Esmeraldas del 27 de enero, a partir del cual el foco mediático privado, en Ecuador, empezó a cultivar una opinión pública favorable a una solución violenta y con la participación de nuestras fuerzas armadas y policiales en contra de lo que se considera la “criminalidad transnacional”, que fusiona el narcotráfico con la subversión y el terrorismo, consolidando una posición beligerante y guerrerista de justificación de la violencia, que llegará a plantear inclusive el regreso de la Base de Manta, con el pretexto de que las fuerzas armadas ecuatorianas no cuentan con presupuestos, tecnología, equipamiento y armas apropiadas para enfrentar la nueva amenaza procedente de Colombia.                

Pero el pretexto definitivo y de legitimación de este alineamiento del Ecuador con el conflicto interno de Colombia llegaría con el secuestro de los periodistas ecuatorianos y  su posterior crimen, todavía envuelto en el misterio del lugar en el que se produjo y los motivos que lo provocaron. Por ello llama la atención que Ecuador y Colombia desmintieran, el mismo jueves 12 de abril, haber ejecutado acciones militares para rescatar a los periodistas secuestrados en la zona donde se presumía estaban. Según un supuesto comunicado del grupo disidente de las FARC se anunciaba la muerte de los secuestrados a consecuencia de dichas acciones militares. Sin embargo, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas admitía tales acciones al decir que: "Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador".[13] Incluso, otra nota de la prensa colombiana de El Espectador es más reveladora y daba cuenta de operaciones militares en los mismos días del asesinato de los periodistas, que concluyeron con el apresamiento del cuñado de quien se ha convertido en chivo expiatorio, el tal Guacho: “El operativo frustrado que dejó escapar a “Guacho”, jefe de disidencia de las FARC ”.[14] Entonces, a manera de hipótesis, podemos sostener que los desembarcos y las acciones especiales, que no niega el ministro colombiano, frustraron un posible acuerdo entre Guacho y el gobierno ecuatoriano. Nos preguntamos entonces: ¿se adelantaron? ¿Acaso sabían ya que el gobierno de Moreno se aprestaba a dar el indulto a los detenidos para ser canjeados por los periodistas? hecho que estaba previsto tardíamente para el lunes 16 de abril, según revelaciones del Comandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla.[15] ¿El alineamiento de nuestro país con el conflicto interno de Colombia precisaba de una operación militar y sicológica que tuviera esa nefasta conclusión?

En esa misma lógica de alineamiento, naturalización y legitimación política y mediática el viernes 13 abril el Presidente Lenin Moreno recibía en Carondelet al propio Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas,[16] al Gral. Alberto José Mejía, Comandante General del Ejército, y al Gral. Jorge Nieto, Director General de la policía colombiana, y el lunes 16 abril ampliaba una nueva reunión con la Canciller colombiana, María Ángela Holguín y los homólogos ministros ecuatorianos, para “iniciar con los procesos de operativos conjuntos entre Ecuador y Colombia”, según anunciaba el secretario de Comunicación, Andrés Michelena.[17]  Estas reuniones habrían sido impensables hace 10 años (4 de marzo de 2008) en que estuvimos a puertas de una guerra tripartita entre Ecuador-Venezuela versus Colombia, que rompieron relaciones diplomáticas, los dos primeros en rechazo al bombardeo y ataque militar colombiano sobre territorio ecuatoriano al campamento de Angostura, donde se asesinó al segundo comandante de las FARC, alias Raúl Reyes y a 25 personas más, entre ellos un ecuatoriano y varios estudiantes mexicanos, cuya responsabilidad operativa era del ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe, el actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.[18] El mismo que también en dudoso “afán pacificador” intentó insertar a Colombia en la OTAN en 2017.[19]     

El próximo paso del infame involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano será quizá la solicitud oficial de una nueva base militar norteamericana en territorio ecuatoriano a pretexto de ayuda y cooperación internacional. Antes de que el pedido se formule ya el embajador de EUA en Quito, Todd Chapman, ha dicho que la misión que representa ha renovado “su compromiso de apoyar al gobierno del Ecuador en su esfuerzos por combatir a las organizaciones criminales transnacionales”.[20]

Al inicio de las declaraciones que citamos en este artículo, el Presidente Moreno también había dicho, con coraje y no menos emoción, que: (…) “hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, de respeto. No podemos permitir que se juegue con ese que ha sido nuestro bien más preciado”. Lo ha dicho tal cual pero, preocupantemente, lo ha dicho en tiempo pasado. Efectivamente la paz o la ausencia de la guerra es el bien más preciado de los ecuatorianos, pero sus propias palabras, decisiones y acciones lo ponen en riesgo.

Nos preguntamos si: ¿Es Lenin Moreno amateur en los juegos del poder y de la geopolítica y la geoestrategia de Colombia y los EUA?  Con más imprudencia que sensatez, que es el atributo que se esperaría de un gobernante en situaciones delicadas, ¿ha caído redondo en la trampa y en el desenfreno de amenazar a un enemigo que apenas tiene el rostro de un tal “Guacho”? o manifiestamente ha cometido su mayor error sin pensar en las nefastas como impredecibles consecuencias que ese conflicto tendrá para todos los ecuatorianos.     

Para dimensionar el peligro de la decisión del gobierno de Moreno es preciso tener presente que la guerra civil colombiana se desarrolla desde hace más de cinco décadas, que uno de sus siniestros actores es el propio Estado colombiano, y que este conflicto armado del país vecino del norte, al que nos hemos sumado, tiene una larga historia de horror, dolor y violencia, que puede observarse en sus cifras hasta el 2013: 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. Ocho de cada diez de esas muertes han sido de civiles y una de cada tres muertes tiene relación directa con el conflicto.[21]

Las vidas de Kathy Vanesa Velasco Pinargote, de 20 años, y de Oscar Efrén Villacís Gómez, de 24 años, están en manos del gobierno ecuatoriano de Moreno, el mismo que impulsa e intensifica, desde el miércoles 18 de abril, acciones conjuntas entre los ejércitos y policías de Ecuador y Colombia[22] en la zona donde se supone estaría el grupo disidente, que pone en similar riesgo de ser asesinados a los dos compatriotas secuestrados, que en la prueba de vida difundida a través de un video pidieron no ser sacrificados: “nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver con este problema. Por favor señor Presidente denos la mano, usted también es padre, ayúdenos, vea nosotros no tenemos nada que ver en estos problemas, en esta guerra…sólo queremos regresar a nuestra casa y ver a nuestros hijos (…) que no nos pase lo que les pasó a los periodistas”[23]      

Parafraseando a Moreno podemos concluir y decir: “Con toda contundencia…nuestra opción es por la ausencia de la guerra en el Ecuador.”