Ecuador… ¡Toma tu Navidad!

Lo más grave no será que no habrá ni un centavo de incremento en el sueldo básico de los ecuatorianos en 2019, tal y como lo propone el sector del capital en las mesas de “diálogo”,  con un incremento salarial del 0%.

Mesas en las que cada fin de año se reúnen con el Estado-patrono y el sector productivo de los trabajadores (muchas veces mal representado) para ajustar el plusvalor (la tasa de explotación) que extrae el capital y determinar los medios de subsistencia que debe proveer para la reproducción de la fuerza de trabajo.  Lo más grave es que el sueldo llamado “básico” y por ningún lado vital, que apenas suma $386 dólares, no solo que no se incrementará sino que perderá más poder adquisitivo, perderá capacidad de compra, y por tanto deberemos emplear más dinero para comprar menos cosas.

Los más empobreceremos más, si es que acaso disponemos de un trabajo formal y un sueldo básico, es decir, si tenemos el “privilegio” de ser parte de la explotada clase trabajadora...y sino “peor para el sol”…porque nos han robado algo más que el mes de Abril…como diría Sabina.    

El golpe que como anuncio oficial ha caído de la boca del ministro empresario, Richard Martínez (el martes 18 de diciembre de 2018), intenta suavizar, justificar, y ocultar que es un paquetazo alevoso, impuesto en aplicación irrestricta de una de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los “Amos del Mundo”: el Capital Financiero Internacional, a cuya dependencia y subordinación nos ata nuevamente el gobierno de Moreno y la década de dispendio criminal de los dineros públicos durante el Correato. Con libreto leído y diciendo lo que no siente ni lo que realmente es…el ministro empresario ha dicho que el aumento del precio de los combustibles no afectará a los taxis y al transporte público de mercancías y así evitar una incremento de precios en otros productos. Un día después el gobierno no sabe cómo enfocar el nuevo subsidio anunciado  para los monopolios del transporte, ignorando que el problema es de los usuarios y no de sus colegas empresarios de la transportación pública, que al igual que los vendedores del combustible ya reclaman mayores márgenes de ganancia.   

El incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís es del 25%. El incremento pasa de $1.48 a $1.85, es decir deberemos pagar 37 centavos más en cada galón. Con el paquetazo lanzado sin miramientos y con grosera estulticia, antes de la Navidad y el fin de año, el gobierno de los empresarios espera extraer de los bolsillos de las clases medias y del conjunto de los trabajadores y sectores populares $400 millones de dólares cada año. El mal disimulado propósito es “ahorrar recursos” para pagar los servicios de la deuda externa, que ya suma más de $60 mil millones de dólares sea al acreedor Chino o al FMI-Banco Mundial, aunque digan que servirá para atender los servicios de salud, las pensiones jubilares y proteger la dolarización.  

Otro ministro empresario, el de trabajo, Raúl Ledesma, anunció que complementariamente al retiro de los subsidios de los combustibles no se llenarán 25 mil vacantes existentes en el sector público, es decir que a partir de 2019 las estadísticas de desempleo, subempleo y consecuencias sociales negativas serán mayores y más profundas. A agosto de 2018, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), alrededor de 42 mil funcionarios públicos con contratos ocasionales ya fueron despedidos, la meta sería despedir a 75 mil[1]. Esta tragedia social de despidos masivos, denominada “Plan de Austeridad”, no toma en cuenta los cerca de 200 mil venezolanos migrantes que se han quedado en el país agravando la situación de subempleo y desempleo de una gran cantidad de ecuatorianos cada vez más empobrecidos, que deambulan sin oportunidades por avenidas, calles, plazas y parques[2].

Como lo comprobamos con lo expuesto, los ministros y secretarios del gobierno de los empresarios, desprovistos de toda sensibilidad, graciosamente dicen que se bajarán los sueldos en el “jerárquico superior”. Sueldos que por ejemplo de un general superior de  policía sumaría hasta los $5.560 dólares mensuales, sueldos de jueces de unidades judiciales cantonales que reciben $4.164 dólares mensuales o de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que recibe mensualmente $6.122 dólares, es decir, más de lo que percibe el presidente de la República[3]. Jueces que, en su mayoría, han propiciado la corrupción, la criminalidad y la impunidad. Recibirán una reducción ridícula de sus remuneraciones que bien sabemos tienen otros componentes y otras fuentes, no siempre legales. Reducción de un 5% y 10%, que a pesar de un mayor recorte aventajará  decenas de veces al insignificante y desvalorizado sueldo básico congelado en $386 dólares, sueldo con el que jamás podrían sobrevivir estos privilegiados ni tres días. La desmesura y el desequilibrio de una sociedad con desiguales oportunidades convierten a la Canasta Familiar del INEC, calculada conservadoramente en más de $700 dólares, inalcanzable para la mayoría del pueblo.          

Las consecuencias de este incremento del precio de la Extra y la Ecopaís serán devastadoras para los bolsillos de la mayoría de ecuatorianos. Se sentirán más que el incremento del precio de la gasolina súper ($2.98) que se ejecutó a fines de agosto de 2018, con las que el gobierno empresarial de Moreno midió y comprobó la falta de resistencia social y decidió avanzar en el paquetazo con ajustes graduales que concluirán con el incremento del precio del gas y del diesel.  Paquetazos de shock o graduales tomados en descampado, ante un movimiento social, víctima de la cooptación y corrupción de sus líderes, desorganizado y desarticulado en su capacidad de convocatoria y acción, perseguido, judicializado y criminalizado por el Correato cuando ha intentado ser consecuente, y ahora domesticado por la transición neoliberal y las promesas del gobierno de los empresarios y cuando no distraído por las promesas de la democracia liberal burguesa de las elecciones que se aproximan.   

El incremento del precio de los combustibles o el retiro de los subsidios son dolorosos pero son apenas hitos de un paquetazo para “toda una vida”, que es en lo que consiste La Ley Orgánica de Fomento Productivo, aprobada el 21 de junio de 2018[4], que ya contaría con un Reglamento para su nefasta aplicación total.

Aunque necesitaremos escribir otro artículo para difundir los alcances de dicha Ley, no digerida del todo por la mayoría de ecuatorianos, adelantemos que mientras el gobierno empresarial exige nuevos y mayores sacrificios a un pueblo pauperizado y precarizado, los empresarios gozarán en sus navidades sempiternas y neoliberales de beneficios tributarios, remisiones (remisión equivale a perdón) de impuestos e intereses sobre multas, recargos de obligaciones fiscales y aduaneras, de obligaciones patronales en mora. Gozarán según la Ley Orgánica de Fomento Productivo de incentivos para las inversiones privadas con la exoneración del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, entre otros aguinaldos adelantados, cómo el que recibió o recibirá, por ejemplo, el Banco del Pichincha, el banco que más ganó durante la “Revolución Ciudadana”, entidad a quien el gobierno de Moreno, de la misma tendencia, perdonará el 46% de una deuda no pagada al SRI fijada en 39.6 millones de dólares. Le perdonarán a este banco nada menos que 18.3 millones de dólares, y otros escandalosos montos de perdones multimillonarios a otros bancos, empresas bananeras, importadoras, consorcios, bloques y operadores petroleros,  transnacionales, contrabandistas de licores y hasta la corrupta Odebrecht y el corrupto ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, a quien en vez de obligarle a devolver lo robado le premian con un  perdón de 3.9 millones de dólares[5].                              

Así se cumple el propósito del gobierno de la “Revolución Ciudadana” devenido en gobierno de los empresarios neoliberales que se aprestan al festín de las privatizaciones de los principales activos del Estado ecuatoriano en complicidad con el FMI: para “hacer más ricos a los más ricos”. 

Ante esta lamentable situación con organizaciones sociales o no, con convocatoria o no, el hambre y la desesperación volverán a las calles. Con o sin chalecos o camisetas amarillas (como las de la selección) como en Francia[6], volverán a las calles aquellos que recuerdan lo mejor de una tradición rebelde, volverán a fines de 2018 o en 2019, como malas o buenas concejeras para rechazar con rebeldía la imposición de los peores síntomas de descomposición social… ¡Volveremos a las calles!